Consideraciones sobre la agricultura familiar en Venezuela

Por: Marcelo Resende. En Venezuela desde el inicio del gobierno del ex presidente Hugo Chávez hasta el actual mandato del presidente Nicolás Maduro, el compromiso político con la agricultura familiar ha sido evidente:

Para comenzar, destaca que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela condena el latifundio y dispone que el Estado debe desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social. Para asegurar el cambio necesario en el ámbito rural, se ha instrumentado un marco legal: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. A través de ella, se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria.

Ciertamente, en Venezuela, pese a algunos avances iniciales logrados a través de la Ley de Reforma Agraria de 1960, pasados más de 40 años, la estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental y no se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó de manera sustancial la calidad de vida de la población campesina. Según el Censo Agrícola de 1998, elaborado por la Oficina Central Estadística e Información (actual Instituto Nacional de Estadísticas), el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban el 75% de las tierras.

Así, rememorando, y junto a lo ya mencionado, encontramos acciones como el decreto de reforma agraria denominado “Guerra contra el latifundio” de 2005, el cual se encuentra dirigido a los grandes latifundios que han sido dejados ociosos o han sido empleados por debajo de su productividad. Este, a diferencia de lo estipulado en la Ley de Tierras de 2001, mediante el cual el Instituto Nacional de Tierras (INTI) había distribuido unas 2.2 millones de hectáreas a cooperativas que eran propiedad del Estado, ahora comienzan a ser entregadas a los campesinos.

Desde entonces se han tomado otras acciones. Se encuentra la creación de la Misión AgroVenezuela, la cual busca  garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, a través de la asistencia técnica, dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas; y a la que pueden acudir todas las personas que deseen incorporarse a la producción nacional de alimentos.

Resalta la incidencia del Plan de Agricultura Urbana y Periurbana, como alternativa y potencial plataforma de desarrollo local y comunitario, muy en particular en la ciudad donde hay una alta densidad poblacional; así como el Programa de Agricultura Familiar y Escolar con el cual los espacios educativos se convierten en centros de formación para la producción de alimentos “sanos, sabrosos, seguros y soberanos”, según versa el lema del Instituto Nacional de Nutrición. También se encuentra la creación del Registro Único Nacional Obligatorio de Productoras y Productores Agrícolas (RUNOPA), en el cual se pueden inscribir todas aquellas personas dedicadas a actividades agrícolas y crear su propio perfil con información digitalizada.

Igualmente, vale rescatar el Plan de Siembra 2015 y la cartera crediticia de la banca pública y privada destinada al sector agrario, así como los Fundos Zamoranos los cuales son ejes de desarrollo endógeno conformados por grupos de familias de agricultores y agricultoras.

En materia de formación e innovación tecnológica a disposición de la familia campesina venezolana, no se puede dejar de lado las acciones e iniciativas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y de la Fundación CIARA, quienes mantienen el compromiso de acompañar el proceso de transferencia de conocimientos y asistencia técnica hacia los pequeños productores.

En el marco de la Cooperación Sur – Sur destaca la formulación, aprobación y asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional para el Proyecto de Cooperación Triangular entre FAO y Venezuela en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH), que incluye específicamente de manera transversal el apoyo para facilitar el intercambio y la comercialización solidaria de productos provenientes de la Agricultura Familiar; así como el apoyo en la formulación de planes orientados a la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) con el respaldo de bloques regionales de integración como CELAC, Petrocaribe y Mercosur. También, en el plano internacional, se rescata su activa participación y el compromiso  en instancias como la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF).

Lo anterior, demuestra el interés del país en dirigir la ejecución de un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la tenencia y redistribuyéndola entre los pequeños propietarios del campo, las familias, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a invertir y trabajar directamente la tierra, con el fin de construir un nuevo tejido productivo, superando el afán de lucro y la máxima ganancia como móvil, en beneficio de la satisfacción de las necesidades colectivas, ampliando y profundizando una democracia económica que enfatiza la cultura agrícola y la producción para eliminar progresivamente la dependencia del ingreso petrolero.

Marcelo Resende es Representante en Venezuela de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Publicado por Editor PRENSA en Reportajes 1710